¿Deberían los ciudadanos entender correctamente las leyes, sentencias y a sus abogados?

¿Es bueno o malo que los ciudadanos entiendan las leyes, sentencias y a sus abogados? En este artículo hago algunas reflexiones sobre el lenguaje jurídico y el registro habitualmente utilizado por los profesionales del sector legal, tan alejado del que utilizado por el ciudadano de a pie.

En febrero de 2010 publiqué un artículo en este mismo blog titulado ¿Qué se puede hacer para lograr simplificar el lenguaje jurídico? En él informaba sobre la creación de la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico. Esta comisión, que el Gobierno decidió crear la víspera de final de año, tenía como cometido presentar en el plazo máximo de 12 meses un informe sobre la situación actual del lenguaje que utilizan los profesionales del Derecho e “impulsar” acciones dirigidas a que el lenguaje jurídico sea más comprensible para la ciudadanía. La conformaban profesionales del mundo del Derecho y de otras disciplinas como la Filología y el Periodismo.

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Informe enguaje jurídico

No he hecho seguimiento exhaustivo de esta iniciativa, así que creía que no había dado frutos. Sin embargo, hace unos días, en una agradable charla con el socio director de De Castro Morenilla, José Luis de Castro, salió el tema al hilo de su relato sobre su rol en la comisión de Léxico Jurídico de la Real Academia de la Lengua Española, de la que es miembro. José Luis me comunicó que el informe había sido publicado y al llegar a casa me sumergí en Internet a la búsqueda de éste y en efecto, encontré el siguiente documento.
A los pocos días de leerme el informe me contacta a través de mi página Web una empresa cuya asesoría jurídica gestiona reclamaciones masivas de clientes descontentos para solicitarme un presupuesto para impartir unos cursos de formación a sus abogados con el objetivo de “lograr que usen un lenguaje comprensible para sus clientes y lograr así un mayor grado de satisfacción de los clientes”.

Uno días después, se publicaba en último Eurobarómetro destinado a conocer la opinión de los ciudadanos de la Unión Europea sobre los sistemas judiciales de sus países. Entre las preguntas de la encuesta se ha incluido una sobre su nivel de comprensión de las sentencias que dictan sus tribunales. Y tristemente, como en muchos otros de los aspectos que mide esta encuesta, nuestro país ocupa el vagón de cola: sólo un 36% de los encuestados ha declarado entenderlas.

Estos tres hechos me han llevado a reflexionar sobre un tema que siempre me ha preocupado y es el de la necesidad que tienen muchos abogados de usar un registro incomprensible para sus clientes. Como señala Margarita Hernando, técnico del Instituto Cervantes, “una peculiaridad de la terminología jurídica es la presencia de latinismos crudos (fideicomiso, finiquito, usufructo, abintestato, inter vivos, habeas corpus) y la acumulación de afijos (irretroactividad, irrenunciabilidad, subrogación, legalización)… El léxico jurídico se caracteriza por su densidad léxica, debida al elevado índice de términos conceptuales (irrevocabilidad, imputabilidad) y al alto índice de nominalización para expresar conceptos que se refieren a acciones o procedimientos (Montalto Cessi, 1998:104), y por las construcciones de carácter metafórico (tráfico de influencias, blanqueo de capitales, bien)”. Es decir que se trata de un lenguaje complejo y alejado del que se habla en la calle. A esta conclusión han llegado también como era de esperar, los expertos que han elaborado el informe -cuya lectura aconsejo a todo jurista porque recoge consejos muy útiles y el formato utilizado la hace muy práctica- dirigido a modernizar nuestro lenguaje.

Llegamos tarde como colectivo a la identificación de la necesidad de acercarnos a nuestros clientes. Como comentaba en el artículo antes citado, iniciativas como ésta de simplificación del lenguaje de los juristas, no hacen más que seguir la estela de proyectos similares impulsados en el Reino Unido (plain english) y en EE.UU. (plain language), en los años 70 y 90 respectivamente. ¿A qué esperamos nosotros? ¿De verdad que pensamos que hablando y escribiendo de forma que sólo nuestro propio sector nos entienda vamos a algún sitio? Hace años que los médicos se dieron cuenta de que era necesario entenderse con sus pacientes. Hacerlo les ha acercado a éstos y estos son quienes pagan. Si queremos tener contentos a los clientes, deberíamos lograr que nos entendieran.

Hemos vivido una crisis financiera de la que puede extraerse una conclusión clara: han sido miles, los ciudadanos que no entendían los contratos que firmaban. Sea por la complejidad de los productos que les ofrecían, sea por la redacción de los contratos bancarios. Recuerdo escuchar en la radio hace unos meses al propio Manuel Conthe que declaraba al ser interpelado, en el marco de una entrevista, sobre su actuación durante su mandato al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en relación con tema de las preferentes, que no había permitido la emisión de estos productos porque eran demasiado complejos para el ciudadano de a pie entendiera lo que se le ofrecía.
Ante todo ello, cabe preguntarse lo siguiente: ¿cuántos masters de acceso a la abogacía han incluido una asignatura dedicada exclusivamente a desarrollar las habilidades de redacción de sus alumnos? ¿Qué Colegios de Abogados ofrecen entre sus talleres y seminarios algunos dedicados a la mejora de estas habilidades? ¿Tiene derecho un ciudadano a entender las sentencias que afectan de una u otra forma sus intereses? ¿Y a entender las leyes sin necesidad de tener junto a ellos un abogado?

 

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