Los nuevos modelos de negocio en el sector jurídico

El mundo jurídico ha sido tradicionalmente un sector con poca evolución, del que formaban parte únicamente los abogados y los despachos y en el que muy pocos habían llegado a crear empresas asentadas.

Sin embargo, esto ha cambiado de un tiempo a esta parte y se han creado nuevos modelos de negocio, que vamos a estudiar de manera pormenorizada en este post.

Nuevos operadores en el sector legal

Por un lado, observaremos que hoy, al abogado independiente y al despacho colectivo de abogados, se han unido en la oferta de servicios de asesoramiento legal, organizaciones y empresas de distinta índole, que desde el punto de vista jurídico, podríamos encuadrar dentro de la categoría llamada “sociedades de intermediación”. Tal y como señala el Estatuto General de la Abogacía Española (EGA) este tipo de sociedades “sirven de canalización o comunicación entre el cliente”, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y es el profesional, persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional. Estas sociedades proveen y gestionan en común los medios necesarios para el ejercicio individual de la profesión y coordinan además las diferentes prestaciones que se ofertan a los clientes.

Son variadas las categorías en las que se encuadran estos nuevos operadores de servicios jurídicos. En unos casos, como veremos, la oferta de servicios se realiza a través de un seguro que cubre las necesidades de consejo jurídico del cliente; en otras a través de un servicio público que pretende apoyar a personas que forman parte de colectivos con problemas (jóvenes desempleados, víctimas de violencia de género, etc.) o a los que se quiere dar más soporte desde la administración (emprendedores) y en otras, por asociaciones que aúnan los intereses de colectivos para defender sus derechos utilizando las vías que ha previsto la normativa vigente. El abogado debe ser consciente de que hoy compiten con él en el mercado para captar clientes todas estas organizaciones y empresas. A continuación analizo estos nuevos “modelos de negocio” que cada vez tienen más importancia y están acaparando importantes cuotas del mercado del sector del asesoramiento jurídico.

Empresas de seguros de asesoramiento legal

Son varios los operadores que ofrecen servicios de asesoramiento legal a través de un contrato de seguro. De hecho, es éste un campo en el que la competencia está creciendo de forma exponencial, posiblemente por ser rentable al responder a lo que muchos clientes demandan actualmente al mercado: cubrir su riesgo legal al mínimo coste posible.

Sin ánimo de hacer publicidad a nadie pero sí con el de explicar de la forma más clara posible el modelo de negocio de este tipo de empresas cito aquí tres ejemplos de seguros ofertados y describo algunas de las principales características de este tipo de servicios (según lo que las propias compañías publicitan en sus propias páginas web).

El modelo de negocio se basa en todos los casos en un hecho claro y muy bien explicado en la web de una de las firmas pioneras en ofrecer este tipo de servicios, Legálitas. En la home de esta empresa se afirma que “el 95% de las consultas se resuelven sin tener que acudir a juicio, y más de la mitad de ellas de manera inmediata, en la misma llamada”. A la vista de esa realidad, este tipo de compañías han creado unos equipos de profesionales (en el caso de Legálitas afirman en su página web que conforman su plantilla más de 250 abogados colegiados experimentados en todas las áreas del Derecho), cuya responsabilidad consiste en dar asesoramiento legal telefónico a los clientes asegurados. Cuando un asunto requiere algo más que asesoramiento prelitigioso, Legálitas ofrece a sus clientes la posibilidad de contratar a alguno de los 238 despachos de abogados que conforman su red y que ofrecen a los asegurados condiciones económicas especiales. La póliza no incluye gastos derivados del encargo que en su caso formalice el asegurado con el despacho colaborador, “encargo que será una relación jurídica ajena a la presente póliza y sobre la que la aseguradora no extiende su responsabilidad”. Además, indica Legálitas que “el asegurado, en las condiciones y con los límites previstos en la póliza, tendrá derecho a elegir libremente el procurador y abogado que hayan de representarle y defenderle en los procedimientos judiciales objeto de cobertura por esta póliza. Los honorarios de los profesionales así designados serán satisfechos por el asegurador dentro del capital asegurado para cada garantía y con la franquicia pactada en cada caso. El abogado y procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del asegurador. Los honorarios de abogados se abonarán conforme a las normas fijadas a tal efecto por el correspondiente colegio profesional. Las normas orientativas de los honorarios serán consideradas como límite máximo de la obligación del asegurador”.

Justo al inicio del periodo estival recibía en el móvil una llamada de una operadora de Movistar (con quien tengo contratada mi telefonía móvil como consecuencia de lo que entiendo disponen de mis datos personales necesarios para poder ofertarme el servicio que a continuación describo), que me ofrecía “un mes gratis de abogado”. ¿Un mes gratis de abogado?, Pregunté yo sorprendida y -¿qué me incluye?, espeté de nuevo a la operadora con gran curiosidad. El listado de servicios que comenzó a relacionarme la operadora me dejaron anonadada y entré a ver la web informativa de Consejero Legal. Esta es la definición que encontré allí: “Consejero Legal es un servicio exclusivo para clientes Movistar que ofrece asesoría jurídica familiar personalizada para la resolución de asuntos legales de ámbito familiar y personal, como por ejemplo, los relacionados con multas de tráfico, accidentes, problemas con el alquiler de la vivienda, despidos en el trabajo o bajadas de sueldo, etc.”. Se trata en consecuencia de un servicio muy similar al ofrecido por Legálitas, en el que un equipo de abogados resuelve telefónicamente las cuestiones prelitigiosas que se puedan plantear a los clientes que decidan contratar la póliza (ver condiciones de contratación aquí). Transcurrido un mes de servicio gratuito, por algo menos de 15 euros al mes, me indican que podría seguir disfrutando de este apoyo legal.

El tercer operador de cuya existencia he tenido conocimiento por varias vías es Arag, que ofrece también todo tipo de servicios de asesoramiento por teléfono (asistencia jurídica telefónica), así como modelos de documentos a un precio fijo. Los seguros que oferta como los de las empresas anteriores, limitaciones respecto a las cuantías cubiertas y dan también al asegurado la posibilidad de acceder a los despachos de su red para aquellas cuestiones no cubiertas por la póliza (ver aquí un ejemplo de una de sus pólizas).

Asociaciones de consumidores especializadas en la acción colectiva

Otros activos operadores en el sector del asesoramiento jurídico son algunas asociaciones de consumidores, que defienden intereses de variada naturaleza, como ADICAE,FACUA, AUSBANC, etc. Al albur de las irregularidades que se han producido en los últimos años como consecuencia de ciertas prácticas del sector financiero hoy muy cuestionadas (participaciones preferentes, cláusula suelo, swaps, etc.) estas asociaciones se han erigido en asesoras, defensoras y abogadas de sus socios y han ganado un protagonismo en el campo del asesoramiento jurídico.

Un ejemplo ilustrativo de lo que explicamos podemos verlo en la web de ADICAE. Aquí se incluyen todos los procesos colectivos en los que está interviniendo la asociación representando a sus socios, que además de pagar la cuota de ingreso y la de socio deben abonar en algunos de los casos otros importes, en concepto de honorarios y gastos derivados del procedimiento. Estos varían caso a caso. También la asociación AUSBANC ejerce funciones de abogado para sus socios al menos en un total de 8 grupos de procedimientos (ver listado de asuntos).

Market place o plataformas de profesionales del Derecho

Existen varias plataformas en las que es posible publicar un proyecto y obtener ofertas de profesionales. Estas plataformas admiten también proyectos (casos) legales. Un ejemplo, lo ofrece www.workana.com. En su web explican que una vez que publiques tu proyecto/caso, lo envías a la red de profesionales para que éstos puedan remitir sus respuestas y propuestas de servicios. Otras plataformas más especializadas en el sector de la abogacía son www.contratarabogados.com;www.lexdir.com;www.porticolegal.com o www.responsaea.com. Se trata en todos los casos de plataformas que permiten realizar consultas a las que los profesionales pueden dar respuesta. Su rol no es más que el de poner en contacto. Las plataformas no ofrecen el servicio de asesoramiento sino que crean el marco donde el abogado pueda alcanzar su objetivo comercial: contactar con quien le necesita. Estas herramientas facilitan la puesta en contacto entre cliente y abogado experto. Los abogados seguro que agradecen, sobre todo en una coyuntura como la actual, que alguien les ayude a encontrar clientes. Es indudable que este tipo de herramientas on line están transformando el mercado y la competencia.

 Asesorías jurídicas gratuitas de las administraciones y organismos públicos

Hace unos meses me contactaba un abogado de una provincia de Andalucía, especializado en Derecho de las nuevas tecnologías muy preocupado con su futuro profesional. Este especialista había encontrado durante muchos años su clientela entre las start-up y pequeñas empresas constituidas por jóvenes empresarios de su área de actuación. Sin embargo, el hombre estaba asustado porque había dejado de captar nuevos clientes y en su opinión la razón era que muchos de ellos, estaban recibiendo asesoramiento como consecuencia de la oferta del ayuntamiento de su ciudad.

Incluyo en el buscador de Google el texto “asesoramiento legal gratuito ayuntamiento” y me devuelve 88.000 resultados de los que sólo en la primera página encuentro noticias sobre el lanzamiento de servicios de esta naturaleza en beneficios de personas con problemas, pero también simplemente del colectivo “jóvenes”.

Ante este hecho objetivo, creo que conviene reflexionar. Por una parte, entiendo a los ayuntamientos que preocupados por sus conciudadanos deciden ofertar servicios que cubran necesidades detectadas. Por otra, me pregunto si no tiene algo de peligroso fomentar entre colectivos formados por jóvenes y emprendedores la cultura del “todo gratis”, pues mientras que por un lado, con seguridad puede ser que se esté favoreciendo a quienes emprenden en determinados campos de actividad económica, por otro, se puede estar impidiendo que emprendan o consoliden sus negocios abogados que podrían ofrecer sus servicios a estos clientes y crecer con ellos. En suma,   mi pregunta es si desde las administraciones públicas que están ofertando al ciudadano este tipo de servicios subvencionados se estarán analizando suficientemente todas las consecuencias que tiene su acción.

La normativa aplicable

No quiero cerrar este artículo sin apuntar algunas cuestiones que me surgen sobre el encaje de algunos de los modelos de negocio antes descritos con la normativa vigente, por un lado en relación con el respeto a las exigencias que contienen el Estatuto General de la Abogacía (EGA), la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales (LSP) y por otro, con la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) y la exigencia que en la misma se recoge sobre el deber de informar.

Recordemos que el Estatuto de la Abogacía contempla exclusivamente dos formas de ejercicio: 1) Ejercicio individual que podrá desarrollarse individualmente por cuenta propia, como titular de un despacho, o por cuenta ajena, como colaborador de un despacho individual o colectivo (en este último caso a través de una relación laboral de carácter especial de los abogados). 2) Ejercicio colectivo que podrá ejercerse mediante la agrupación bajo cualquier de las formas lícitas en Derecho, incluidas las sociedades mercantiles, así como asociándose en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles.

La (LSP) establece que las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio de una actividad profesional deben constituirse como sociedades profesionales y que únicamente podrán tener por objeto el ejercicio en común de actividades profesionales. Además, la LSP señala que la sociedad profesional únicamente podrá ejercer las actividades profesionales constitutivas de su objeto social a través de personas dadas de alta en el Colegio Profesional correspondiente. Además se exige, en su artículo 4, que la mayoría de socios sean profesionales habilitados para el ejercicio del objeto social.y además posean la mayoría del capital social y los derechos de voto, exigiendo la misma proporción en la composición y derechos de voto del órgano de administración. Por tanto, la ley exige no sólo que los actos profesionales sean dispensados por profesionales habilitados (titulo + colegiación), sino también que el control –político y económico- de la sociedad esté siempre en manos de los socios profesionales.

Por su parte, la LSSI señala en su artículo 10  la obligación que tiene el prestador de servicios de la sociedad de la información (en este caso quien ofrece sus servicios a través de internet) cuando ejerce una profesión regulada (como la abogacía), tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, por medios electrónicos y de forma permanente, fácil, directa y gratuita, entre otras cuestiones de:

 Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de colegiado.

  El título académico oficial o profesional con el que cuente.

  El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.

  Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.

Conclusiones

Como hemos visto el negocio del asesoramiento jurídico está experimentando importantes cambios. El cliente que busca abogado no tiene por qué acudir al despacho tradicional porque en el mercado existen otra serie de operadores que pueden ofrecerle asesoramiento de calidad y a buen precio o incluso, en algunas ocasiones gratuitamente. El despacho tradicional debe ser consciente de esta situación y dominar las reglas de la liga en la que está jugando.

Como hemos visto cada vez son más los operadores que ofrecen servicios jurídicos bajo la modalidad de sociedades de intermediación. También están prosperando las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes. Y finalmente, las sociedades de comunicación de ganancias es decir las que pretenden hacer un reparto de las ganancias o pérdidas que surjan como consecuencia del ejercicio profesional individual.

Está claro que estamos en un cambio de época y que los modelos de negocio de prestación de servicios jurídicos están experimentando importantes transformaciones, buscando en todos los casos ofrecer al ciudadano servicios adaptados a sus necesidades. Sin embargo, surgen dudas al observar la realidad, ¿están jugando todos los operadores que ofrecen servicios jurídicos con las mismas reglas o existen por el contrario diferentes ligas, unas con unas reglas más estrictas que otras? y el consumidor, ¿es consciente del tenor del servicio que contrata y de a quién lo contrata? ¿están los colegios profesionales atentos a estos cambios y haciendo lo necesario para preservar el respeto a las normas vigentes? Dar respuesta a todas estas incógnitas significa que se entiende la realidad del contexto económico en el que se ejerce actualmente la abogacía.

Este artículo ha sido publicado en Diario Jurídico: “La revolución de los modelos de negocio en el sector del asesoramiento legal

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