La e-administración: ¿competidora o proveedora?

Hace sólo unos pocos años cuando se abría el plazo para presentar la declaración de la renta, era necesario o especializarse en Derecho fiscal por unos días, aprendiendo a cumplimentarla a través del popular programa Padre, software que Hacienda facilitaba por medio de disquetes; o bien acudir a una asesoría para encargar que nos la realizaran. El sistema se ha perfeccionado tanto que ahora nos facilitan la declaración ya cumplimentada y si estamos de acuerdo con ella, podemos aceptarla con un clic. Nuestra Administración de Hacienda, en lo que se refiere a la gestión del impuesto de la renta se ha convertido en modélica y es replicada por otros países del mundo.

La posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías; la sofisticación de la gestión (identificando procesos y estableciendo sistemas para simplificarlos); la necesidad de que la eficiencia y la transparencia imperen en las relaciones con el administrado, son todos factores que empujan al gestor público a introducir la e-administración en sus relaciones con el ciudadano.

Son muchos los servicios que antes requerían acudir a una oficina pública y que pueden hoy ser realizados telemáticamente. Son también muchos los procesos que se han simplificado de tal forma, que ha dejado ser necesario acudir a un especialista para entenderlos y  completarlos (ver en esta línea el portal 060). Pensemos en las llamadas “ventanillas únicas” o en lo que la Agencia Española de Protección de Datos permite hacer a través de su impresionante portal: dar de alta los ficheros, modificarlos, cancelarlos, etc.  Para la empresa, estos servicios suponen ahorros importantes tanto en tiempo, como en costes.

Como ciudadanos estamos contentos con estas prestaciones, pero como proveedores de servicios, ¿no deberíamos estar al menos algo preocupados? Y es que la administración electrónica supone una nueva forma de entender las relaciones entre los ciudadanos y la Administración y conlleva que muchos de los servicios que antes podían prestarse por profesionales, dejan de ser una posible fuente de ingresos para éstos.

La pregunta que me llevo haciendo mucho tiempo y la que hoy, os planteo a vosotros, es la siguiente: ¿Donde está la frontera entre lo que la Administración debe hacer para facilitarnos la vida como ciudadanos y lo que ya no debería hacer, porque hacerlo supondría invadir el campo natural de actuación del sector privado?

Mi opinión es que mientras sigamos ocupando posiciones tan bajas como país en los rankings internacionales sobre clima de negocio (por ejemplo la posición 62 de 183 países en el que elaboran el Banco Mundial y el BIRD, bajo el nombre de “Doing Business“), la necesidad de simplificar y automatizar procesos, seguirá existiendo.

Y vosotros, ¿qué pensáis?,¿en dónde debería estar la frontera?