¿Barbecho de profesionales de la abogacía hasta 2015?

La ley 34/2006 de 30 de octubre reguladora de las condiciones para la obtención del títulos profesionales de abogado y procurador (la llamada Ley de Acceso), en su disposición final segunda habilitaba a los Ministerios de Justicia y Ecuación y Ciencia, así como al resto de departamentos ministeriales competentes para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley. Son varios los puntos de la ley que están pendientes de este desarrollo y la verdad es que debería preocupar al sector el hecho de que vayan transcurriendo los meses y nos estemos acercando peligrosamente a la fecha límite (cinco años de su publicación que tuvo lugar el 31 de octubre de 2006).

Además las universidades no están de acuerdo con el borrador actual del Reglamento (versión de 1 de diciembre de 2009). Así lo han manifestado tras reunirse el pasado 3 de febrero en Comisión (Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho españolas), en un documento de alegaciones que puede consultarse en este vínculo.

Pero además, es preocupante porque aún no hay reglamento y el 30 de octubre de 2011 está a la vuelta de la esquina. Sin el reglamento, no es posible desarrollar los programas académicos de los cursos que posibilitarán realizar el examen de acceso.  Pero es que además, el borrador del Reglamento está delegando, en una Orden Ministerial los propios contenidos del curso y el procedimiento para  la solicitud de la acreditación de éstos. Desarrollar estos programas exigirá encontrar profesorado adecuado para los mismos, someterlos a la aprobación de la ANECA (sobre la que no recae en lo que a celeridad se refiere, la mejor reputación ). Además, habrá que articular sistemas para que todos los estudiantes puedan realizar un periodo de prácticas. Sólo en Madrid según datos que publicaba el pasado día 7 en la página 38 del diario Cinco Días, se colegiaron el año pasado 1.800 abogados. No creo que vaya a ser fácil encontrar ubicación para las prácticas de tanta gente durante unos cuantos meses (el proyecto habla de que éstas equivaldrán a 30 créditos ECTS y dado que cada crédito equivale a unas 25 horas de trabajo, estamos hablando de 750 horas de prácticas = 94 días en horario de 8 horas = unas 20 semanas de prácticas = 5 meses).

El riesgo que corre el sector es obvio y peligroso y ¿si hasta 2015 no fuera posible otorgar el título de abogado a ningún profesional? En ese caso habría un año de barbecho que seguro tendría consecuencias importantes en los equipos profesionales y quizás podrán aprovechar ciudadanos de otros países europeos para los que la colegiación sea menos ardua y cuyo proceso esté ya operativo.

Hay que ponerse las pilas. Quizás estoy siendo alarmista, pero creo que la situación es al menos preocupante y que no podemos despistarnos. El reloj no va a pararse y la libre prestación de servicios es cada vez más una realidad.