Datos abiertos como herramientas que mejoren la justicia

El Open Data en el Sector Legal, una asignatura pendiente

Artículo originalmente publicado en la Revista AJA.

Los operadores jurídicos podrían beneficiarse de multitud de posibilidades por la facilidad del acceso a los datos del Open Data.
El Sector Legal pide a gritos la apertura de datos para mejorar la justicia.

El sector legal es un volcán de datos en ebullición permanente en nuestro país: normas que provienen del Estado, las CCAA, los ayuntamientos, las diputaciones…; resoluciones judiciales, resoluciones de órganos de los administrativos, corporaciones administrativas… Además de todos los documentos e informaciones necesarios para su adopción. Cada año cambian, se incrementan, se sustituyen… Algunos hablan de diarrea legislativa, otros de motorización. Cuesta abajo y sin frenos, da la sensación de que nos hace a menudo ir el legislador. Para hablar sobre la accesibilidad de los datos legales contamos con María Jesús Gonzalez-Espejo, directora de Emprendelaw y fundadora del Instituto de Innovación Legal y siempre vinculada a proyectos de innovación en el sector legal.

Inmensidad de datos: especial relevancia de la transparencia

Hablamos de una inmensidad de datos, donde la palabra transparencia cobra una importante relevancia y sobre todo en la Administración de Justicia, tal y como nos señala González-Espejo: «Uno de los principales instrumentos para que haya una mayor transparencia en la Administración de Justicia son los datos abiertos. Éstos ayudan también a hacer más eficiente el sistema legal, pues permiten más y mejores desarrollos de tecnología especializada para el sector. La Justicia es un pilar fundamental de la economía y si ésta es fuerte, la economía lo es también».

Son muchas las posibilidades que pueden aportar los datos legales para los operadores jurídicos, pero también sus limitaciones. Así, cuando se organizó la I edición de Justiapp, el primer Hackathon organizado en España para mejorar la Justicia, se manifestaron los problemas de acceso a la información. «En el caso de los datos relacionados con nuestro sector, nos dimos cuenta de que la gran mayoría de ellos no estaban accesibles o si lo estaban, no eran reutilizables y si lo eran, había que pagar tasas», nos cuenta María Jesús.

Fueron varias las ideas que se encontraron con estos problemas. Así, «había una que consistía en desarrollar una app que permitiera a las personas con discapacidad que tuvieran que acudir a un juzgado en España saber si éste era o no accesible. Pues bien, esta app no era posible realizarla, pues ni siquiera estaba en ese momento disponible un listado reutilizable con las direcciones de todos los juzgados de nuestro país». Otra de las ideas que se presentó en el concurso de Justiapp, fue realizar una aplicación que permitiera conocer qué abogados ganan más pleitos en España (algo que ya existe por ejemplo en EEUU). Para ello se requería acceder al texto de las sentencias o a los datos los sistemas de los diferentes sistemas judiciales (no todas las sentencias reflejan el nombre de los abogados, si de los procuradores), por lo que tampoco «esta aplicación podría desarrollarse en nuestro país (salvo que quien quisiera desarrollarla estuviera dispuesto a pagar las tasas que cobra el Centro de Documentación Judicial, CENDOJ)», tal y como nos señala González-Espejo. Además de que el acceso a la primera instancia completa, tampoco está disponible por el CENDOJ, por lo que no se podría cumplir realmente con el objetivo final de la idea.

Las estadísticas no son suficientes

«Sin embargo, es cierto que, aunque no están disponibles muchas bases de datos reutilizables, sí tenemos estadísticas. Tanto el notariado, como los registros, como el CGPJ» nos resalta nuestra interlocutora. No obstante, estas estadísticas no llegan a ser suficientes para hacer una definición completa del sector legal.

En opinión de nuestra experta, «uno de los principales retos de que lleguen a abrirse del todo los datos que gestiona el poder judicial, es la existencia de herramientas de gestión procesal diferentes en función de los territorios. El tratamiento de la información no será posible hacerlo de forma eficiente hasta que no se articule un sistema único de gestión en todos los juzgados de España. Para el resto de datos abiertos relevantes para el sector, no creemos que el reto sea tanto tecnológico como político. Los notarios y los registradores hace años que hicieron una apuesta firme por la tecnología y sabemos que disponen de excelentes y bien dotados equipos de profesionales capaces de hacer frente al reto que supone sumarse a la economía de los datos abiertos».

Pero, ¿todos los datos existentes en el sector legal pueden estar disponibles? Ya convivimos desde hace varios años con la anonimización de sentencias. Así, en opinión de María Jesús González-Espejo, «todos los conjuntos de datos que puedan ser tratados apropiadamente para obtener información, gestionados en el ámbito del sector público, son susceptibles de ser ofrecidos para su reutilización, siempre y cuando, no exista una normativa específica que lo prohíba. Por tanto, no serán objeto de reutilización y no podrán tener naturaleza de open data, entre otros, los conjuntos de datos con información que contenga datos de carácter personal, si no ha sido previamente disociada. Ni los que tengan información sobre la que exista propiedad intelectual o industrial por parte de terceros o Información que debido a otras normas de carácter sectorial no sea de carácter público o bien no resulte conveniente su exportación con fines de reutilización».

El sector legal está necesitado de un mayor aperturismo en relación con los datos. Esto ayudaría a cuantificar el mercado y sus sectores, a definir nuevas oportunidades, a medir la capacidad de los operadores y a tener una mayor visión del negocio legal. Los sets de datos abiertos son una de las llaves maestras que abre la puerta a la innovación, al desarrollo tecnológico y a la competencia. La pregunta sería si todo esto no merece una reflexión más seria por parte de las instituciones del sector legal que custodian y maneja esos datos.

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